Por Tlacaelel
El día de ayer y al no tener la certeza jurídica en cuanto a la participación de Jacinta Francisco Marcial en los delitos que se le imputan, la PGR presentó conclusiones no acusatorias contra ella y las demás implicadas en el supuesto secuestro de 6 agentes federales, y así se logró que el juez decretara su libertad sin reservas.
Pero esta historia comenzó el 27 de marzo de 2006, cuando un grupo de policías federales y personal de la PGR sin uniforme realizaron un operativo contra la piratería en el tianguis del poblado Santiago Mexquititlán, en Querétaro y cometieron abusos y destrozos, lo que provocó molestia de la gente afectada.
Cuatro meses después, se giraron tres órdenes de aprehensión en contra de Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, acusadas de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales.
Después de 2 años 9 meses de ocurridos los hechos, el 19 de diciembre de 2008, el juzgado dictó sentencia condenatoria de 21 años de prisión contra Jacinta Francisco por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
La defensa de la otomí interpuso un recurso de apelación y rindió elementos de convicción suficientes que dejaron de manifiesto contradicciones entre las declaraciones de los agentes federales de investigación y algunos de los testigos de descargo.
Ante la presión ejercida por diversas organizaciones no gubernamentales como el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y algunos Medios de Comunicación, y que Amnistía Internacional declaró a Jacinta prisionera de conciencia provocó que la PGR aceptara revisar el caso.
Así el pasado 3 de septiembre de 2009 la dependencia federal reconociera que había insuficiencia de pruebas que acreditaran la responsabilidad penal.
Ante este triunfo de la sociedad civil contra el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal, subyacen las siguientes preguntas:
¿Por qué el máximo organismo de investigación del país integra actúa lentamente e integra jurídicamente mal los expedientes, como el de este caso?
¿Por qué en casos como este, la PGR solamente actúa cuando tiene la presión de los Organismos, sobre todo internacionales?
¿Se incluirá la reparación integral del daño a una mujer que estuvo tres años presa sin haber cometido delito alguno?
¿Por qué a Jacinta? tal vez porque Jacinta representa al pueblo vulnerable que en su impotencia y en su afán de justicia muchas veces son un lastre para las ambiciones y rencores de los poderosos de este país.
Pero esta historia comenzó el 27 de marzo de 2006, cuando un grupo de policías federales y personal de la PGR sin uniforme realizaron un operativo contra la piratería en el tianguis del poblado Santiago Mexquititlán, en Querétaro y cometieron abusos y destrozos, lo que provocó molestia de la gente afectada.
Cuatro meses después, se giraron tres órdenes de aprehensión en contra de Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, acusadas de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales.
Después de 2 años 9 meses de ocurridos los hechos, el 19 de diciembre de 2008, el juzgado dictó sentencia condenatoria de 21 años de prisión contra Jacinta Francisco por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
La defensa de la otomí interpuso un recurso de apelación y rindió elementos de convicción suficientes que dejaron de manifiesto contradicciones entre las declaraciones de los agentes federales de investigación y algunos de los testigos de descargo.
Ante la presión ejercida por diversas organizaciones no gubernamentales como el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y algunos Medios de Comunicación, y que Amnistía Internacional declaró a Jacinta prisionera de conciencia provocó que la PGR aceptara revisar el caso.
Así el pasado 3 de septiembre de 2009 la dependencia federal reconociera que había insuficiencia de pruebas que acreditaran la responsabilidad penal.
Ante este triunfo de la sociedad civil contra el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal, subyacen las siguientes preguntas:
¿Por qué el máximo organismo de investigación del país integra actúa lentamente e integra jurídicamente mal los expedientes, como el de este caso?
¿Por qué en casos como este, la PGR solamente actúa cuando tiene la presión de los Organismos, sobre todo internacionales?
¿Se incluirá la reparación integral del daño a una mujer que estuvo tres años presa sin haber cometido delito alguno?
¿Por qué a Jacinta? tal vez porque Jacinta representa al pueblo vulnerable que en su impotencia y en su afán de justicia muchas veces son un lastre para las ambiciones y rencores de los poderosos de este país.
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