Los concesionarios de radio y televisión, sobre todo Televisa y TV Azteca, se oponen de manera rotunda a la reforma electoral que limita la publicidad en este rubro a los tiempos de Estado. Con esta modificación a la ley dejan de percibir varios miles de millones de pesos que cada tres años ingresaban a sus arcas por concepto de propaganda de los precandidatos y candidatos a los puestos de elección popular, así como de terceros interesados que compraban espacios para incidir en la intención de voto.
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