Dijimos anteriormente que los grupos de choque se han empleado también contra manifestaciones populares que no eran originalmente de grave inconformidad social, pero que tras la actuación de los grupos policiales o militares deciden resistir o enfrentar a la fuerza pública. La reacción de confrontación no es, por supuesto, constante; tampoco puede afirmarse que sus consecuencias sociales se prolonguen o se acrecienten a corto o a largo plazos. A ello quizás se debe que estos operativos se apliquen con frecuencia, a pesar de que son susceptibles de producir graves reacciones sociales.
En caso de que las fuerzas de choque vuelvan a acosar marchas o concentraciones de los mismos grupos agraviados al inicio, la respuesta social puede ser más prolongada y de consecuencias más graves. En este sentido, a los cálculos y planeación de tales operativos falta agregar las posibles consecuencias no políticas ni sociales inmediatas, sino las de mediano y largo plazos.
La respuesta social prolongada o acumulada puede asumir diversos grados. En 1967, la represión a la manifestación pacífica de los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez produjo la guerrilla de Lucio Cabañas. Ese mismo año, la respuesta a la masacre de copreros en Acapulco ocurrió a través de los cuadros de la guerrilla de Genaro Vásquez Rojas. La respuesta a la masacre de Aguas Blancas, en 1995, se demoró un año: fue la aparición de la guerrilla del EPR. En el caso de Acteal, en 1997, no hubo una reacción de las víctimas, sino un recrudecimiento de las acciones de grupos paramilitares en otras regiones de Chiapas y un clamor de la opinión pública nacional e internacional. En el caso de San Salvador Atenco, las autoridades consideraban que el conflicto de 2003 había desaparecido o que se había reducido a una dimensión controlable, aunque quizás minimizaba en exceso su protesta permanente y su simbolismo latente en conflictos futuros. Una mayor latencia sigue teniendo, años después, el conflicto social de Oaxaca de 2006.
El Estado atribuye, por otro lado, diversos grados de “éxito” a las intervenciones de los comandos de choque. Sofocar y masacrar pueden ser mecanismos recurrentes para eliminar o frenar manifestaciones populares pacíficas y de inconformidad social. Las aprehensiones multitudinarias pueden considerar sus niveles de éxito tanto en la desaparición física de inconformes como en la suspensión legal, pero arbitraria, de los derechos civiles de los arrestados. Esto implica, por supuesto, como hemos señalado, la coordinación de varias instancias policiales y militares, mandos políticos, agentes de Ministerio Público, jueces, autoridades carcelarias, servicios médicos, control de información o complicidad de medios. Tales intentos de control de marchas y concentraciones sindicales, campesinas o estudiantiles incluyen y concluyen con aprehensiones multitudinarias y condenas expeditas y selectivas.
Ahora bien, es difícil, al menos en el manejo pragmático de concentraciones populares de inconformidad social en México, marcar una frontera clara entre la contención social y el inicio de la represión o la masacre. El riesgo de fundir esas fronteras ha sido recurrente entre nosotros. Gran parte de las manifestaciones populares comienzan con marchas que ocupan calles enteras en largos o breves trayectos hasta llegar al punto de concentración final. La contención policial o militar en estos casos opera en la vigilancia y acotamiento de la marcha y en el resguardo del perímetro de la concentración última. En ocasiones, la concentración no se halla precedida por ninguna marcha y las barreras de contención se extienden por un perímetro más amplio, a fin de tener bajo control las posibles vías de salida o desahogo de la concentración popular.
En términos también técnicos, pareciera más fácil la contención de concentraciones pacíficas no precedidas por marchas, puesto que hay la posibilidad de un seguimiento puntual de los arribos de contingentes a la concentración y de su desahogo posterior por rutas previstas y controladas de antemano. Pero en ocasiones la contención policial se propone precisamente evitar la concentración, y para ello, en términos técnicos, de nuevo, pareciera más fácil frenar las columnas en marcha que controlar su agrupamiento final. En estos casos volvemos al mecanismo reiterado de la violencia: la vigilancia de marchas o de concentraciones no opera de la misma manera que la contención de una marcha para impedir una concentración o que la acción más compleja de dispersar la concentración misma. En estos últimos operativos, la masacre surge de manera recurrente.
No es imposible distinguir los operativos llamados de disuasión de los de dispersión directa. Tampoco, distinguir los operativos previstos de antemano con los operativos emergentes. Igualmente, haya o no una reacción espontánea o inducida de confrontación con la fuerza pública de las columnas en marcha o de los participantes en una concentración, técnicamente parece natural el deslizamiento de los operativos de disuasión o contención a los de represión y masacre. El inicio y el final del movimiento estudiantil de 1968 puede entenderse por estos mecanismos. En la riña inicial de estudiantes de dos vocacionales y una preparatoria, fue la represión policiaca desmedida el origen de la resistencia estudiantil y de la unificación de estudiantes del Politécnico y de la Universidad. El mismo desplazamiento de acciones agravadas ya ocurrió el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco con los operativos “previstos” de contención y disuasión convertidos en o alterados por la masacre.
